Ley de Propiedad Intelectual y Press Clipping

Antes de comentar el artículo que S. Blanco nos propone quiero resaltar algo que me ha llamado la atención ya al leer el titular: << Los editores de prensa piden que la futura ley prohíba las copias pirata>>. Parece que empezamos bien. El artículo en cuestión es de El Mundo en su versión digital, en el que se discute sobre problemas de propiedad intelectual que ahora comentaré; y lo que me llama la atención es lo sutilmente que posicionan al lector con el uso del término “copias pirata” donde pretenden englobar desde la reproducción parcial de un artículo de prensa hasta el derecho de cita.

Lo que se debate con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual no es nada sencillo, menos aun con el marco legal que todas estas cuestiones arrastran y que va camino de convertirse en una maraña de cuotas, cánones, patentes y demás que conseguirá privatizar incluso las ideas (cómo estamos a punto de ver con la ley del Congreso Europeo sobre Patentes de Software). En este caso concreto, los intereses que están en conflicto parece que son tres:
1. De una parte, los organismos de gestión como SGAE, que se enfrentan abiertamente a las empresas de press clipping, que se aferran con uñas y dientes al tradicional copyright, y que pretende blindar legalmente ese antiguo modelo que la digitalización amenaza.
2. Por otro lado, los editores quieren ser únicos titulares de los derechos sobre las obras de sus periodistas; algo que relega a éstos últimos a meras máquinas de escribir artículos.
3. Y por último, estas empresas de press clipping que se acogen a derechos como el derecho a cita para llevar a cabo una actividad comercial, con fines lucrativos en la mayoría de los casos.

El proyecto de ley que partía del Gobierno obligaba a empresas de ‘clipping’ o documentalistas a pedir autorización por el derecho a cita o recopilación de artículos, previo pago de una suma acordada unilateralmente por el editor y con fines comerciales. Sin embargo, en la nueva redacción del proyecto de ley, se considera que sería el autor, y no el editor, el que cobraría una prima por esas publicaciones y que tiene derecho a negarse a ellas.

Por supuesto, desde mi punto de vista cualquier solución que pretendan dar siguiendo este camino será, cuando menos, deficiente y muy probablemente no deje a nadie contento (todos querrán siempre un trozo mayor de pastel). Ante un elemento tan innovador como la digitalización de la información y las redes de internet, que muchos han calificado siempre de revolución, no quedará más remedio que adoptar una postura de cambio radical de los viejos modelos. Es por eso que se hace cada vez más necesario la apertura del debate entre todos los ciudadanos, siendo ya imprescindible para su avance la desaparición de estos fortísimos grupos de presión como SGAE que intentan paralizar estos avances sacándonos a todos fuera de la ley.